El derecho a la gratuidad educativa: Una conquista social, no un capricho gubernamental

Escrito por: Carlos Ayala

El tema de la gratuidad educativa en América Latina es uno de los factores más importantes de luchas y disputas sociales en los primeros años del siglo XXI.

La gratuidad de la educación básica es considerada una conquista social que permite a las personas acceder y permanecer en el sistema educativo y es un instrumento privilegiado para remover las barreras económicas que afectan el disfrute del derecho.

Están las luchas de los estudiantes de Chile, ante la negación de los partidos de derecha de permitir la educación gratuita, donde la Confederación de Estudiantes de Chile protagonizó grandes movilizaciones, las más multitudinarias de las últimas dos décadas.

Cabe recordar que en ese país los estudiantes buscan una profunda reforma a un sistema que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo a menos de la mitad el aporte público a este sector y fomentó la inclusión de los sectores privados.

Hoy, menos del 40 por ciento de los escolares estudian en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario esto no es posible.

El movimiento estudiantil brasileño y la educación gratuita

La lucha de los jóvenes y trabajadores de Brasil en la década de 1980 tuvo dos marcas importantes: la crisis fiscal del Estado, consecuencia del modelo de desarrollo implementado por la dictadura, basado en un elevado endeudamiento externo, y la conquista de derechos laborales y sociales.

El lema de los neoliberales brasileños era que la única solución para la crisis económica era la reforma del Estado.

En la época, Brasil contaba con cerca de 50 universidades públicas bajo la administración del gobierno federal, más otras tantas administradas por los gobiernos estaduales.  Estas instituciones abrigaban cerca de 40% de los estudiantes brasileños y ofrecían la mejor y más prestigiosa formación. No cobraban mensualidades ni tasas significativas. Sus recursos eran básicamente los que le entregaba el Estado.

Siendo así, las vacantes en las universidades públicas eran las más disputadas entre los jóvenes que deseaban acceder a la educación superior. El argumento liberal era que tales universidades provocaban una fuerte distorsión en el sistema brasileño, pues, siendo sostenidas con recursos públicos, atendían a los hijos de las clases más privilegiadas. Así, la educación pública sería un factor reproductor de desigualdad social.

La sugerencia de focalizar las inversiones públicas en la enseñanza constaba en los documentos elaborados por el Banco Mundial en la década de 1990 con orientaciones para los países menos desarrollados. En escenarios de crisis del financiamiento del Estado, esa parecía, según el Banco Mundial, la mejor salida para optimizar los gastos públicos.

En el inicio de su gobierno, entre los años de 1996 y 1998, , el gobierno de Cardoso intentó fallidamente convencer a la opinión pública de la importancia de cobrar aranceles en la educación superior. Tampoco logró consolidar una mayoría en el Congreso Nacional que le permitiese implementar la propuesta. No obstante, su política de disminución de recursos para las universidades fue ampliamente practicada con serias consecuencias para estas instituciones.

El argumento central era que el cobro de mensualidad en la educación superior, bajo el pretexto de promover equidad, disminuiría aún más las posibilidades de la población más pobre de ingresar a la educación superior. Aquí cabe decir que la universidad brasileña nunca fue el centro elitista que los neoliberales pintaban. Por esas paradojas que cabe a la buena investigación histórica explicar, la dictadura militar brasileña promovió una fuerte expansión del sistema universitario superior, constituyéndose en una vía de movilidad social ascendente para una parte de la población.

Debíamos entonces preguntarnos: ¿valdría la pena quebrar el principio universal de gratuidad de la educación pública sólo para recaudar un recurso que ni siquiera sería suficiente para cubrir los costos de la universidad? ¿Deberíamos cambiar la garantía universal por un puñado de dólares?

 La respuesta del movimiento estudiantil fue rotundamente negativa. Defender el campo de las políticas universales significaba establecer un resguardo frente a la lógica competitiva e individualista del neoliberalismo y los dueños del gran capital. La gratuidad de la educación no puede pasar por un análisis selectivo y burocrático de la renta familiar de cada estudiante: es un derecho de todos y un deber del Estado.

Fueron muchas las luchas organizadas contra el cobro de aranceles. Debates, marchas, paralizaciones y huelgas de estudiantes y profesores. Entre 1995 y 1999 la resistencia estudiantil al pago de tasas y mensualidades fue decisiva para impedir el avance de la propuesta neoliberal.

La reforma por decreto de la enseñanza media genera polémica en Brasil

La reforma de la enseñanza media en Brasil impuesta por un decreto ejecutivo publicado en el Diario Oficial, que aumenta el número de horas lectivas y suprime la obligatoriedad de algunas asignaturas, generó una oleada de reacciones adversas.

La reforma establece que a lo largo del curso escolar se deberán impartir 1.400 horas lectivas, en vez de las 800 actuales; suprime la obligatoriedad de asignaturas como el arte y la educación física, y contempla la contratación de profesionales sin formación específica para impartir clases, el decreto responde a la necesidad de dar prioridad al aprendizaje del alumno con el propósito de que los jóvenes no abandonen la escuela y de ofrecerles oportunidades “equivalentes” a las que se pueden encontrar “en los principales países”.

Sin embargo, los trabajadores y estudiantes brasileños no están de acuerdo con la reforma, ni por su contenido ni por las formas, principalmente por haber sido impuesta de manera unilateral por el Gobierno del presidente Michel Temer a través de un decreto ejecutivo. “Imaginar que un Gobierno solo puede presentar una solución cerrada y definitiva es una ilusión incompatible con el régimen democrático”, denunció el Ministerio Público Federal.

La medida tampoco ha sido bien recibida por una parte de la sociedad que incluso ha llegado a promover diversas acciones para impedir la reforma del Gobierno.

Bajo el título de “Congreso Nacional: Impida la aprobación del decreto que reforma la enseñanza media” una petición en una página web ha conseguido por el momento 73.579 firmas.

Esta campaña denuncia que la medida “no fue discutida con la sociedad”, critica la eliminación de la obligatoriedad de las asignaturas de arte, educación física, sociología y filosofía, y denuncia que “aumenta la carga lectiva sin explicar cómo se llevará a cabo”.

La reforma tampoco aborda otros problemas endémicos de la educación brasileña como la idoneidad de las asignaturas y de los materiales pedagógicos, que solo cuentan con la aprobación del 10 % de los estudiantes, o el hecho de que el 50 % de los estudiantes no esté satisfecho con la calidad de las infraestructuras escolares.

Chile tendrá nuevo sistema de gratuidad de educación durante 2016

Se trata de una glosa presupuestaria que tiene vigencia por un año. No es una ley permanente que otorgue gratuidad indefinida a la educación superior.

El Congreso de Chile aprobó la Ley Corta de Gratuidad en la educación superior, que supone el primer paso en un camino emprendido hasta lograr garantizar educación pública y gratuita a la nación.

Por 92 votos a favor, dos en contra y una abstención, esta tarde la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite legislativo la glosa de gratuidad que había sido impugnada por la oposición en el Tribunal Constitucional, conocida como ‘ley corta’, sólo por 2016, ya que la gratuidad definitiva aún no se discute en el Congreso. En rigor, sólo se trata de un sistema de financiamiento parcial de la educación superior.

¿Qué establece la Ley Corta de Gratuidad?

       1.-Modifica la glosa presupuestaria para gratuidad que se incluye en el Presupuesto de la Nación para 2016.

  1. Estudiantes favorecidos serán 178 mil (aproximadamente 30 mil menos que con la glosa presupuestaria inicial).
  2. Se destinarán 5 mil millones de pesos para fortalecer universidades estatales. 16 de ellas tendrán un programa de fortalecimiento durante 2016.
  3. Todas las universidades estatales pueden tener educación gratuita. Universidades privadas deberán tener al menos 4 años de acreditación institucional (parámetro de calidad). Estas últimas tendrán plazo hasta este 27 de diciembre para informar al Ministerio de Educación si accederán a la gratuidad en 2016.
  4. Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales quedaron fuera de la gratuidad. Sin embargo, se aumentaron las becas destinadas a los estudiantes que ingresan a estos centros.
  5. No se incluyen criterios de democracia universitaria, ni de lucro.

La presidenta Michelle Bachelet ha dicho que la educación gratuita universitaria se implementará de manera gradual desde 2016. Para ello, su gobierno

incluyó en el presupuesto nacional de educación una partida para financiar la gratuidad de 330 mil estudiantes sólo durante 2016.

Asimismo, prometió que durante 2016 enviará un proyecto de ley para la gratuidad de la educación, para que esta sea garantizada legalmente por el Estado y no parte de un presupuesto gubernamental.

El pasado 13 de noviembre, el Congreso aprobó la medida de gratuidad, que implica que durante 2016, esos 330 mil estudiantes accederán a tener educación gratuita, cumpliendo estas condiciones:

– Ser del 50 por ciento de la población más pobre de los estudiantes

– Estudiar en instituciones públicas o privadas que:

  1. a) Tengan estándares mínimos de calidad (medidos según la acreditación del Consejo Nacional de Acreditación).
  2. b) No lucren.
  3. c) Tengan democracia universitaria (participación de estudiantes y trabajadores).

El martes 24 de noviembre, los diputados de oposición acudieron al Tribunal Constitucional para impugnar esa medida alegando que la gratuidad no puede establecerse en una glosa presupuestaria sino por ley y que las condiciones aprobadas por el Congreso para acceder a la gratuidad son discriminatorias.

La conquista de la educación pública en Chile no fue concesión de ningún gobierno, fue producto de la lucha de las estudiantes que se han mantenido en las calles desde años atrás para revertir todas las reformas que privatizaron la educación, durante la dictadura de Pinochet.

El valor de la gratuidad en la educación pública: una reflexión desde México.

El derecho a la educación tiene un reconocido carácter social y su recepción como derecho constitucional está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su artículo tercero, que la educación en México debe de ser laica y gratuita y establece su obligatoriedad para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Las conquistas plasmadas en la Constitución de 1917 fueron un subproducto de la lucha revolucionaria de 1910, sin embargo esas conquistas han sido arrebatadas en décadas posteriores por los gobiernos del PRI y el PAN, impulsando las llamadas reformas estructurales en el terreno educativo, las cuales obedecen a los intereses de los dueños de las grandes empresas y el capital.

En Michoacán, las circunstancias respecto a Chile son muy diferentes, toda vez que el alto nivel de pobreza social ha obligado a los regímenes políticos a mantener una gratuidad educativa simulada, con aportaciones estatales, pero donde los padres de familia tenían que vérselas con el pago de cuotas de inscripción, de colegiaturas y libros de texto, así como los servicios complementarios que los escolares necesitan.

No obstante, en el año 2010 debido a las demanda de años de grupos y organizaciones estudiantiles, de escuelas Normales y universitarias, que clamaban por extender la gratuidad educativa, que entonces contemplaba sólo el nivel básico, hasta que alcanzara el nivel superior.

Para ello se reformaron los Artículos 138 y 139 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, en lo relativo a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior en el estado.

Nuevamente los triunfos en la educación es productos de la organización, estudiantil, obrero y popular.

Los gastos familiares en educación

Antes de que se concretara esta reforma, que fue una conquista histórica, la situación era sumamente compleja para los padres de familia de Michoacán a la hora de solventar los gastos educativos.

En ese contexto, los padres de familia deben efectuar desembolsos monetarios importantes al inicio y durante los ciclos escolares para la adquisición de libros complementarios a los de texto, en útiles escolares, uniformes, así como en transporte, el alimento y actividades extracurriculares.

De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos un promedio de 600 mil adolescentes por ciclo educativo abandonan sus estudios de secundaria, lo que representa una llave abierta que alimenta el rezago educativo.

Entre las entidades federativas con mayor índice de deserción está Michoacán, donde el 12 por ciento de sus alumnos de educación básica desertan.

Argentina: 64 años del decreto de la gratuidad

El 22 de noviembre de 1949 en Argentina se firmó el Decreto N° 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios, producto de la movilización obrera y popular.

A pesar de su importancia radical en la conformación de un verdadero sistema universitario amplio y democrático –en consonancia con las bases liminares de la Reforma de 1918-, este decreto pasó inadvertido para la historiografía tradicional. En 2007 se declara el 22 de noviembre como el “Día Nacional de la Gratuidad Universitaria”.

A 64 años de la sanción del Decreto, la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, invitó a la historiadora Julia Rosenberg para repasar su importancia en la construcción de esa Universidad pública y gratuita que hoy se conoce, al tiempo que se indagó en los pliegues sobre los que se edifica la historia política y educativa de la Argentina.

El Peronismo fue un régimen denominado populista, que aunque no rompió con el sistema capitalista implementó una serie de reformas a favor de la clase trabajadora y la juventud, producto de esa situación la gratuidad en la educación se obtuvo a menos de palabra. Pese a que durante largas décadas, la sanción de este Decreto permaneció en el olvido, y la gratuidad de la Universidad parecía un derecho inalienable de los argentinos.

En el 2007, el Congreso Nacional decidió que el 22 de noviembre fuera declarado como el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.

La gratuidad en la educación en Argentina fue conquistada, también después de años de luchas de los trabajadores de la educación y los estudiantes que a principios de siglo recuperaron diversas organizaciones estudiantiles y han promovido protestas, huelgas y luchas para revertir las medidas privatizadoras de la etapa denominada neoliberal, sin embargo ahora mismo todas las conquistas están en riesgo con el regreso de la derecha patronal al gobierno encabezada por Macri.

La educación pública no es una concesión de la clase dominante, ni de los gobiernos ni régimenes en turno, es producto de la lucha revolucionaria de la juventud y los trabajadores, incluso nos atrevemos a decir que la propia educación de calidad somos sus verdaderos defensores. Aspiramos a que la educación nos ayude a entender de manera científica cómo funciona la sociedad, la naturaleza y las leyes del pensamiento, la educación realmente avanzará cuando no esté atada a los intereses de los dueños del gran capital, donde nuestros conocimientos sean puestos para el beneficio colectivo de toda la sociedad y no solo para un puñado de personas.

Toda tarea de los estudiantes conscientes es defender la educación pública de los intentos por restringirla, a su vez que colaboramos y luchamos por una sociedad más justa e igualitaria, fuera de los márgenes del capitalismo.